Por otro lado, el documento denuncia la precaria regulación de los CIE que funcionan desde hace muchos años sin que el legislador le haya prestado atención. La última modificación de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) estableció que el Gobierno en el plazo de seis meses aprobaría un Reglamento para regular estos centros, dos años después la situación sigue igual. Esto provoca una situación de inseguridad y vacío jurídico en la que son los directores de cada centro los que deciden de forma unilateral sus propias normas de funcionamiento.

La Plataforma realiza once propuestas encaminadas a la mejora de las condiciones de la estancia en estos centros, que deben convertirse en establecimientos de total transparencia. Entre estas propuestas destaca el derecho a recibir información y visitas, a acceder libremente a la atención sanitaria y social, a la libertad religiosa, en definitiva  a un trato digno.

El documento incluye también un dossier de prensa en el que se recogen todas las denuncias y manifiestos realizados por las entidades sociales que integran la Plataforma.

"Los CIEs pasarán a ser gestionados por ONGs"